La columna de Miguel Angel Granados Chapa.

Miguel Ángel Granados Chapa Oaxaca: signos encontrados

Tal vez no sea posible declarar que todos los poderes han desaparecido en esa entidad, pero la delegación senatorial enviada a averiguarlo sobre el terreno podrá informar a sus compañeros de la necesidad ampliamente sentida de que se marche el gobernador Ruiz

Están en Oaxaca los tres senadores enviados por su Cámara para determinar sobre el terreno si están funcionando los poderes estatales o han desaparecido. Viajaron a aquella ciudad a contrapelo del entrometido secretario de Gobierno local, Heliodoro Díaz Escárraga, que el miércoles aseguró que los legisladores habían cancelado su viaje, debido a la violencia que de nuevo apareció en las calles oaxaqueñas. Esa mentira forma parte de la estrategia de crear confusión que en los días y las horas recientes despliega el gobernador Ulises Ruiz en el esfuerzo, que parece condenado a la esterilidad, de mantenerse en el gobierno. Para que se vea que su administración actúa, o lo hace por lo menos su oficina de prensa, está pagando costosos mensajes en el horario más caro del canal de las estrellas. Por otra parte, el propio Ruiz dijo que rompía su comunicación con el secretario Carlos Abascal debido a que se había extralimitado al aceptar que el mando policiaco en Oaxaca recaiga en el subsecretario federal de seguridad Rafael Ríos. Pero luego apareció en la oficina de Bucareli para asegurar que sus palabras fueron mal interpretadas y que está a partir un piñón con el secretario de Gobernación. Pero no sólo actúa Ruiz en los medios de información sino también en la calle, enfrentando a su personal con los activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que a su vez desmontaron la simulación que había preparado la gente del gobernador: a fin de demostrar que la administración labora en plena normalidad, empleados públicos aparecieron en las oficinas de las que se ha visto forzado a ausentarse, por lo que los asambleístas clausuraron de nuevo los locales. Fue así como se produjo el tiroteo del miércoles, cuando agentes policiacos estatales (es decir, miembros de la Secretaría de Protección Ciudadana, como eufemísticamente se le llama allí) salieron de su oficina para agredir a los manifestantes que mostraban con su despliegue callejero el dominio que ejercen sobre la ciudad, que sólo a tiros puede ser contrarrestado. Los senadores Alejandro González Alcocer, del PAN (que fue gobernador de Baja California), Ramiro Hernández, del PRI, y Tomás Torres, del PRD (que quisieron serlo de Jalisco y Zacatecas, pero quedaron en la condición de precandidatos) trabajaron intensamente ayer, apenas llegaron a Oaxaca. Su informe sobre la gobernabilidad en el estado será el insumo principal del dictamen que formule la Comisión de Gobernación en respuesta a la petición ciudadana de que se declare que han desaparecido todos los poderes. Hay que insistir en que la facultad senatorial no consiste en hacer desaparecer los poderes, sino sólo en certificar que eso ha ocurrido. Los enviados de Xicoténcatl hablarían ayer mismo con los miembros de la legislatura local y los magistrados del Tribunal superior de justicia, que ya han hecho llegar al Senado evidencia de su trabajo, para contrarrestar la posibilidad de que se les considere como inexistentes, como desaparecidos. Sin haberlo corroborado sobre el terreno; más todavía, sin siquiera reunirse porque ya sus integrantes se habían vuelto a sus entidades, los miembros de la Comisión de Gobernación de la anterior legislatura firmaron un dictamen que desechaba la solicitud ciudadana, es decir, negaba que fuera llegada la hora de nombrar un gobernador sustituto por haber desaparecido los poderes. Es probable que el informe de los tres senadores y posteriormente el nuevo dictamen caminen en dirección semejante, pues podría argumentarse que no han desaparecido todos los poderes. Aunque sobre la evidencia de que el gobernador Ruiz no gobierna, no es posible conforme a la Constitución federal determinar que ha desaparecido sólo un poder, y obrar en consecuencia. Será entonces necesario actuar directamente respecto del Ejecutivo, convenciéndolo de que se vaya o instrumentando en su contra un juicio político. Parece obvio que es mucho menos costoso políticamente para todos, incluido el propio Ruiz, el camino de una solicitud de licencia temporal, que enzarzar a la sociedad entera en un proceso más prolongado y complicado. Sólo el gobierno federal está en posición de practicar ese arte suasorio. Es verdad que, a diferencia de lo que acontecía en esta materia en el régimen autoritario priista, ahora el Presidente no quita ni pone gobernadores. Paradójicamente, Fox que ha estado en situación de poner un Presidente e impedir que otro sea investido formalmente como tal, carece de capacidades para convencer a Ruiz de que se vaya. Y su secretario de Gobernación vacila en su posición al respecto. O apoya a ultranza al gobernador bajo la apariencia de que estaría dispuesto a hallar una fórmula de gobernabilidad que implique el retiro de Ruiz. El miércoles mismo, con la retórica priista que aludía a "los enemigos de México", Abascal cohonestó a la policía del gobernador al diagnosticar que la agresión contra miembros de la APPO había sido practicada por "los violentos". Al no admitir la evidencia (hay fotografías que muestran sin lugar a dudas a los tiradores) de que, como ha ocurrido antes, con peores resultados, agentes policiacos vestidos de civil fueron los agresores, Abascal soslayó la acción policiaca, es decir, apoyó al gobernador. Su doble lenguaje, sin embargo, no puede ser sostenido por mucho tiempo. El magisterio suspendió la consulta sobre los acuerdos esbozados con Abascal hasta que el gobernador se vaya. El secretario tiene allí su límite. Cajón de Sastre Aunque fue precedido por un episodio violento, por diferencias entre miembros del comité ejecutivo saliente, que actuaron unidos durante cuatro años, ayer el congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, reunido en Morelia, adoptó dos decisiones de primera importancia. Primero, aceptó un incremento salarial por 3.2 por ciento, siendo que su pretensión inicial llegaba al 10 por ciento. Y eligió al doctor Valdemar Gutiérrez como secretario general, para sustituir al doctor Roberto Vega Galina, que impulsó su candidatura, que no llegó a ser de unidad como se pretendió pero sí fue mayoritaria. Si bien es probable que las decisiones del Congreso sean cuestionadas jurídicamente por la oposición, sólo una intervención ilegal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podría modificar los acuerdos de ese órgano del sindicato, pues fue convocado y realizado con apego a la legalidad interna. No puede minimizarse el desacuerdo que condujo al enfrentamiento inicial, pero tampoco debe ser magnificado.