La columna de Miguel Angel Granados Chapa.

Miguel Ángel Granados Chapa Trabajadores del IMSS

Al concluir el congreso que hoy se inicia en Morelia, terminará la gestión de cuatro años del doctor Roberto Vega Galina, a quien correspondió enfrentar la reforma legal al régimen de pensiones y jubilaciones, y su primera aplicación por la vía contractual

Hoy se inicia en Morelia el 34º Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, la agrupación laboral más grande de nuestro país después del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sus 350 mil miembros prestan servicios a 12 millones de derechohabientes que, con sus familias, significan la mitad de la población del país. Además de renovar el comité ejecutivo nacional de su agrupación, los congresistas (uno por cada 300 trabajadores, elegidos en las 37 secciones de todo el país) conocerán el resultado de la negociación salarial y aprobarán o rechazarán el monto convenido con el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el segundo caso, es decir si no hubiera avenimiento con la propuesta patronal, comenzaría una huelga el domingo 15, último día de vigencia del salario convenido hace un año. A ese extremo se llegó sólo en 1946, por 24 horas. En las semanas anteriores al congreso que hoy se reúne, y con motivo del proceso electoral, ha habido sacudimientos y divisiones en la cúpula dirigente del sindicato, cuya vida interna se desenvuelve en medio de una aparente contradicción. Por un lado, se ha constituido de tiempo atrás una coalición dominante, con intereses en su seno que explican los choques y diferencias perceptibles en la dirección sindical; y por otra parte, actúan diversas corrientes minoritarias que suelen denunciar como ilegales los procedimientos electorales. Esa tensión permanente se ha acentuado en los años recientes por las modificaciones al régimen de pensiones y jubilaciones y anteriormente por la nueva opción política laboral adoptada por el sindicato. Fundado hace casi 64 años, poco después de creado el IMSS, el sindicato fue parte de la estructura corporativa del sistema político mexicano. Sus dirigentes solían contar con "posiciones" legislativas, es decir con una presencia permanente en el Congreso de la Unión, en canje al control que ejercían sobre los agremiados. En circunstancias críticas para su importante sector médico -por ejemplo las movilizaciones y paros que afectaron a las instituciones de salud en 1964 y 1965-, lejos de representar el interés de sus miembros, el sindicato actuó en sentido contrario a sus intereses. No obstante, como gestor de satisfactores salariales y laborales fue una organización exitosa, capaz de obtener prestaciones por encima del promedio. El mejor ejemplo fue su régimen de pensiones y jubilaciones que sin embargo hizo crisis por la inadecuada administración de los recursos del IMSS. Es decir, las deficiencias del mecanismo fueron siempre imputables a las autoridades, no a los trabajadores del Seguro Social. Al comenzar el gobierno de Zedillo, y con el ahondamiento de la política económica contraria a los intereses generales, los sectores más vivos del sindicalismo mexicano cursaron un proceso de cambio tendiente a ganar autonomía frente a los intentos controladores gubernamentales, que se habían acentuado durante los años en que Arsenio Farell fue secretario del Trabajo a partir de 1982. Además de la realización de espacios de reflexión laboral, donde se colocaron simientes de innovación organizativa, varias agrupaciones abandonaron el Congreso del Trabajo y al evolucionar su toma de conciencia crearon en noviembre de 1997 la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) en que el sindicato del IMSS tiene un papel preponderante. Al frente del decimosexto comité ejecutivo nacional quedó en 2002 el doctor Roberto Vega Galina, médico nacido en Puebla y formado en su universidad pública, que había iniciado sus pasos sindicales en la sección local de esa entidad y luego formó parte de la dirección nacional. Aunque ya el sindicato había dejado de operar según las pautas de los sindicatos adosados al gobierno, el PRI ofreció a Vega Galina una diputación. Al mismo tiempo se condensaron nuevas acciones contra la seguridad social (de naturaleza semejante a las que practicó Zedillo con Genaro Borrego como director del Instituto) que se concretaron en la reforma de agosto de 2004. Entonces se prohibió a la institución destinar cuotas obrero patronales y la aportación gubernamental a cubrir la deficitaria cuenta de pensiones y jubilaciones, para cumplir lo cual era necesario establecer un mecanismo nuevo. Vega Galina y su comité ejecutivo nacional resistieron sin éxito la enmienda legal, pero paliaron considerablemente sus efectos al conseguir, en la revisión contractual del año pasado, un mecanismo pactado, no impuesto por la ley, que permite ingresar al nuevo régimen sin los perjuicios inherentes a la reforma legal y sí, en cambio, con alivio inmediato para las finanzas del IMSS. Sin embargo, en 2004 una crisis interna del sindicato, promovida por la corriente a que pertenece el doctor Armando Ovalle, presidente de la Comisión de Honor y Justicia, pretendió deponer a Vega Galina. El resultado fue el contrario y Ovalle fue expulsado del sindicato. Al cabo del tiempo, sin embargo, ganó en los tribunales su reinstalación, lo que fue aprovechado por un sector del comité ejecutivo nacional para inconformarse a destiempo por el resultado de la precontienda electoral, que hizo del doctor Valdemar Gutiérrez el candidato de la corriente hegemónica. Se pretendió obtener de la autoridad laboral la toma de nota que implicaría la destitución de Vega Galina, menos de una semana antes de que concluya su periodo y aun la suspensión y aplazamiento del Congreso que se reúne hoy jueves. Cajón de Sastre Fallido el intento del secretario de Gobernación de desarrollar un foro del que surgiera un pacto de gobernabilidad para Oaxaca (sintomáticamente reunido una sola vez en la Ciudad de México), protagonistas de la situación oaxaqueña que no acudieron o abandonaron la reunión del 4 de octubre han lanzado una Iniciativa de diálogo por la paz, la democracia y la justicia que tendrá esta mañana su primera reunión, en la explanada del templo de Santo Domingo. Si es falso, como supongo que lo es, el dicho del secretario de Gobierno Heliodoro Díaz Escárraga, de que los tres senadores comisionados para examinar sobre el terreno la situación de Oaxaca se abstuvieron de viajar, tendrán ocasión de escuchar el parecer y las aspiraciones de buena parte de la sociedad oaxaqueña. Entre los convocantes, aparte la sección 22 del SNTE y la APPO, figuran representantes de los pueblos indígenas, cuya participación es inexcusable si se trata de hablar por los de abajo oaxaqueños; ya también intelectuales, empresarios, artistas y sacerdotes.