La columna de Miguel Angel Granados Chapa.

Miguel Ángel Granados Chapa Garzón, censor

Sin competencia para ello -en el doble sentido de la palabra- el director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación omitió la transmisión -es decir, censuró- programas de partidos políticos que tienen derecho a su propia opinión

Eduardo Garzón Valdez fue nombrado director general de Radio, Televisión y Cinematografía el 1o. de agosto del año pasado. Su designación, en reemplazo de Héctor Villarreal, fue parte de los ajustes derivados de la renuncia de Santiago Creel, sustituido en la Secretaría de Gobernación por Carlos Abascal que a su vez nombró subsecretario de Normatividad de Medios a Enrique Aranda. Los nombramientos del subsecretario y el director correspondían al talante ideológico del nuevo jefe de Bucareli, el conservadurismo católico, la derecha militante. Garzón Valdez había sido reportero del diario La Voz de Puebla, vespertino de la antigua cadena García Valseca (ahora denominada Organización Editorial Mexicana), de igual inclinación. Dirigió asimismo la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, una "institución privada de inspiración cristiana" organizada en 1972 por un sector de empresarios poblanos influidos por el Frente Universitario Anticomunista y atemorizados por el perfil ideológico imperante en la universidad pública de la localidad. Un año después de su designación, el director de RTC, ausente y omiso frente a la multitud de violaciones a la legislación que es de su competencia aplicar (los tiempos dedicados a la publicidad en las horas del mayor alcance de las televisoras caras exceden cotidianamente los lapsos legales, por ejemplo), infringió el código electoral y dejó de transmitir programas de los partidos que integraron la coalición Por el Bien de Todos, ejerciendo la censura previa prohibida por la Constitución y por la propia ley de radio y televisión que debe aplicar. En vez de disponer que fueran transmitidos el 29 de agosto y el 7 de septiembre, conforme a su derecho -pues el uso de tiempos en la televisión es una de las prerrogativas de los partidos legalmente constituidos- los programas titulados "Medidas de resistencia civil" y "Convención Nacional Democrática", el director de RTC los puso a consideración del IFE con ánimo delator, como quien participa a una autoridad la comisión de un delito. No obstante la rotunda respuesta del director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agíss Bitar, opuesto a acompañar a Garzón Valdez en su actitud censora, los programas siguen en la congeladora. Garzón Valdez, que no sabe gramática (e ignora por lo tanto cómo se conjuga el verbo denostar y escribe denostan donde debió poner denuestan), tampoco sabe derecho. Aseguró en su comunicación al IFE (fechada, con otro error, el 12 de agosto cuando manifiestamente se refiere a septiembre) que el contenido de un programa del PT "es a todas luces contrario al orden público". La afirmación, que podría entenderse en la pluma de un juzgador, es ridícula en el caso de un funcionario administrativo, que en todo caso podría impedir la difusión de los programas partidarios sólo después de cumplidas formalidades de un procedimiento que implicara escuchar a la parte afectada. El artículo sexto constitucional que establece la libertad de expresión incluye entre sus límites el que no se "perturbe el orden público". Puesto que es la ley reglamentaria de esa disposición constitucional, la autoridad judicial (no la administrativa, inepta para ello) debería acudir a la ley de imprenta para conocer la definición (la descripción al menos) de ese bien jurídico, el orden público: La fracción primera del artículo 3 de esa ley obsoleta pero vigente (o de vigencia dudosa) dice que se ataca dicho orden con expresiones que "tengan por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país, o con las que se injurie a la nación mexicana o a las entidades políticas que la forman". Nada de eso se hace en el programa del PT donde se afirma, según la antología de frases preparada por el censor, que Andrés Manuel López Obrador "ganó democráticamente la Presidencia de la República y ahora se le quiere arrebatar el triunfo", y se asegura, como consecuencia, que Felipe Calderón es un "presidente espurio". Como si se tratara de un debate, Garzón Valdez sostiene en sentido contrario que la elección "ya fue declarada válida", de lo cual el funcionario desprende que el programa partidario para cuya emisión debe ser un simple nuncio "es a todas luces contrario al orden público". Si lo fuera, una autoridad competente -el director de RTC no lo es, en ninguno de los dos sentidos de la expresión- tendría que determinarlo. Muy otro es, sin embargo, el criterio del director ejecutivo Agíss quien, por un lado, recuerda a Garzón Valdez que "dichas ideas han sido manifestadas públicamente... y constituyen una postura política del partido que las emite" y por otro lado establece que el IFE "es respetuoso de las ideas y posturas que emite cada partido político o coalición en la realización de sus actividades (por lo que) se abstiene de efectuar cualquier acto de censura sobre el contenido de los programas que transmiten en el ejercicio de sus prerrogativas". Si no quiere hacerse sujeto a sanciones, el director de RTC debería ordenar la transmisión de los programas omitidos (que como corresponde a la política protectora de los intereses de las televisoras no estaban programados en los canales de mayor difusión) y dedicar su energía a combatir la publicidad falsa y engañabobos que vendedores de salud, de caricias, de ilusiones en general propagan a través del espacio radioeléctrico con el consiguiente perjuicio de públicos vulnerables. Cajón de Sastre Otro gobernador que no tuviera la cachaza peligrosa de Ulises Ruiz no resistiría las conclusiones sustantivas, no las formales, de la sesión del Senado. La descalificación generalizada que se le asestó, aun en labios de los legisladores panistas que lo apoyaron determinando que no ha lugar a declarar que desaparecieron los poderes, añadida a la repulsa que le expresa desde hace meses (no sólo a partir de mayo pasado) un sector numeroso, y el más activo de la sociedad oaxaqueña, sería causa para que organizara su propia retirada, con tiempo para cubrirse las espaldas con un reemplazante (a cualquier título posible) de su propio partido o grupo. Pero su reacción será la contraria. Envalentonado por el sentido de esa decisión senatorial dirá que la ley está de su parte, y su engallamiento chocará con el previsible alebrestamiento de las organizaciones sociales que esperaban de un Senado más sensible que formal la salida legal no que resolviera los problemas de fondo pero aligerara las tensiones que ahora, en cambio, se harán espesas.