La columna de Miguel Angel Granados Chapa.

Miguel Ángel Granados Chapa Atenco: justicia mexiquense

Al agravio se ha añadido la ofensa en el caso de las mujeres detenidas el 3 y el 4 de mayo -47 en total, 26 de ellas atacadas sexualmente-: no sólo se las agredió de modo brutal según indagaciones de organismos de derechos humanos, sino que se les niega justicia

Tal como hizo su predecesor y padrino, Arturo Montiel, o quizá todavía en mayor medida, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, que ganó ese cargo a golpe de dinero gastado en propaganda, prodiga su imagen pagada en los medios de difusión. Tal pareciera que aun con mayor anticipación que Montiel respecto del 2006, Peña Nieto se alista a figurar en la contienda presidencial del 2012, aprovechando su apostura convencional. Así como él se prepara con ese aparente fin, hemos de precavernos en sentido contrario, poniendo en claro el talante escondido tras su apariencia. La agresión a cientos de personas en Atenco, hace cinco meses, es la mejor enseñanza respecto de sus concepciones y su práctica política. Como se recuerda, el 3 de mayo un enfrentamiento en Texcoco entre floristas apoyados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, del vecino Atenco, y agentes policiacos municipales y estatales dio lugar a uno de los episodios de violencia autoritaria más graves de los días que corren. Ese mismo día, los atenquenses bloquearon una importante carretera federal y en las escaramuzas libradas entre las partes, un agente policiaco fue brutalmente agredido por los bloqueadores y un muchacho falleció en apariencia de modo fortuito. Horas después, para castigar a los manifestantes se practicó un verdadero blitzkrieg, a cargo de la Agencia de Seguridad estatal, y de la Policía Federal Preventiva. La andanada agresora sintetizó las conductas de que son capaces corporaciones policiacas sin más adiestramiento para el control de multitudes que la brutalidad autorizada. En investigaciones paralelas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han llegado a conclusiones semejantes. Las de la CNDH constarán en una recomendación que está siendo pulida, y de la que dieron un anticipo anteayer, en el Punto de Partida de Denise Maerker el ombudsman José Luis Soberanes y la visitadora de la Comisión, Susana Pedroza de la Llave. Asusta e indigna el vasto repertorio de las conductas punibles en que incurrieron los agentes de la autoridad, sin que 150 días después nadie haya sido detenido ni procesado por los incalificables excesos en que incurrieron: dos personas fueron asesinadas, se practicaron cientos de detenciones ilegales y a quienes las padecieron se les infligió trato cruel, inhumano y degradante. Se practicó la tortura y en 26 casos fue posible evidenciar diversas formas de abuso sexual siempre acompañado de intimidación y violencia. Cuando se formalice el documento de la oficina del ombudsman se comprobarán las semejanzas de sus conclusiones y las de Amnistía Internacional. Por ahora queda claro que los dos homicidios ocurridos en esa jornada fueron debidamente acreditados a la fuerza pública, aunque al Ministerio Público correspondería individualizar la conducta específica. Una delegación de aquel organismo pionero en la defensa de los derechos humanos estuvo en México en junio pasado y se interesó especialmente en las experiencias de las mujeres detenidas. El 5 de octubre emitió un informe sobre la violencia cometida contra ellas. Del total de 211 personas capturadas, todas ilegalmente, pues los aprehensores carecían de órdenes judiciales y no había flagrancia, 47 fueron mujeres. De esa cifra, más de la mitad, 26 personas sufrieron agresiones sexuales: "Los testimonios recogidos por Amnistía Internacional ponen de relieve estos abusos. La experiencia de las mujeres entrevistadas por la organización coinciden en señalar toqueteos a sus partes íntimas, mordidas en los senos, el desnudo forzoso y la violación por vía vaginal y anal con dedos por parte de los agentes de policía... También fueron comunes los insultos obscenos y las amenazas de tipo sexual". Al agravio se agregó la ofensa, pues se ha denegado justicia a las mujeres agredidas de esa manera: "La violación y otras formas de violencia sexual tienen efectos devastadores en quienes las sufren. En virtud del derecho internacional, la violación de una mujer o una niña en custodia por parte de un agente del Estado siempre constituye tortura de la cual el Estado es directamente responsable. Otros abusos... graves cometidos contra mujeres, como el uso deliberado de cacheos, toqueteos o amenazas sexuales también constituyen tortura o malos tratos cuando son cometidos por agentes del Estado. Esos criterios han sido avalados por los tribunales internacionales de derechos humanos o penales... Como acto de tortura, el Estado tiene la obligación de iniciar investigaciones con plenas garantías de independencia e imparcialidad... Las mujeres que han sufrido violencia sexual a manos de agentes del Estado tienen ante sí una larga y ardua lucha por obtener justicia. La mujer tiene buenas razones para temer que, si se queja, volverá a ser objeto de abusos o que, ante dos versiones contrarias, los investigadores darán crédito a la del policía. "En el caso de las mujeres detenidas el 3 y 4 de mayo en el estado de México, Amnistía Internacional ha documentado serias deficiencias por parte de las autoridades... en la atención, recepción e investigación de las denuncias de violencia sexual. Estas deficiencias incluyen la negativa a recibir la denuncia por parte del agente investigador, la falta de exámenes médicos adecuados y exhaustivos para documentar el abuso, una atención médica o sicológica inadecuada y una falta de imparcialidad por parte de la agencia investigadora en todas las etapas del proceso". Cajón de Sastre Tras una larga carrera en la política, la administración y la diplomacia, Mario Moya Palencia se retiró hace un lustro y ahora ha muerto. Si bien se frustró su principal propósito en la vida, alcanzar la Presidencia de la República, para la cual parecía vocado hace 31 años, su carrera fue exitosa, a diferencia de la padecida por la mayor parte de quienes se quedaron en la antesala presidencial en el antiguo régimen. Echeverría le compensó su postergación haciéndolo director general de la Organización Editorial Mexicana, y luego fue reincorporado al gobierno, bajo todos los presidentes que siguieron a López Portillo. Pero sus últimos actos de presencia desdoraron su imagen pública. Por un lado, junto con Echeverría fue formalmente acusado de genocidio, por la matanza del 10 de junio de 1971, pues se le imputaron responsabilidades en su papel de secretario de Gobernación. Y ya que fue exonerado, en vano se sintió apto para aspirar a la magistratura electoral, pero su pretensión fue desdeñada por la Suprema Corte.