La columna de Eduardo Huchim.

Eduardo R. Huchim Bonos

Hace aproximadamente dos meses, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) preparaba el dictamen sobre la elección presidencial, conocí la versión de que había dos magistrados que se inclinaban por la nulidad de los comicios del 2 de julio: Mauro Miguel Reyes Zapata y Leonel Castillo González, si bien una variante sostenía que uno de los dos era Jesús Orozco Henríquez y no Leonel. La versión tenía un complemento: los magistrados estaban siendo presionados desde diversos frentes con la oferta de la zanahoria y el garrote. Las vacantes en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran la zanahoria, en tanto que el garrote se materializaría -les decían- en acciones contra los fideicomisos que los juzgadores habían constituido para pagarse generosos bonos de retiro, esos que de 7 millones de pesos se redujeron a la mitad. Ahora Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero del IFE y quien cultiva amistad con algunos magistrados del TEPJF, ha dicho a El Universal (18/10/06) que probablemente por presiones, esos dos magistrados cambiaron de opinión y la validación de los comicios presidenciales fue unánime. Conviene tener presente que no son extraños, en los cuerpos colegiados, los casos de quienes parten de una posición que, a la hora de votar, se traduce en una postura diferente a la inicial. Ésa es una virtud de la colegialidad: el análisis y la discusión de los asuntos permiten ir conformando un criterio que suele ser sólido, aunque haya excepciones como la que implicó el frágil dictamen sobre la elección presidencial. Algún día se sabrá con certeza si los magistrados cedieron a presiones o si la unanimidad fue sólo producto del análisis y la discusión. Por lo pronto, hay una ironía: pese a la validación de los comicios, determinada tras de negarse el TEPJF a un nuevo cómputo total que le habría ahorrado a la nación muchas complicaciones, los magistrados perderán al menos parte de su millonario bono de retiro. Éste, debe anotarse, es adicional al fondo de retiro, común en el ámbito público, que se constituye con aportaciones del servidor público y de la institución de que se trate. Las varias notas informativas de Reforma sobre este tema denotan, además del escandaloso monto del bono, un elemento que supongo que alguien debe estar investigando: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que "los magistrados de la Sala Superior percibirán un salario igual al de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia", y según los datos de este periódico (17/10/06), el salario de los primeros (373 mil pesos) supera por 85 mil al de los segundos (288 mil). Se dirá que se incluyen prestaciones, pero recuérdese que la Ley Federal del Trabajo (art. 84) considera aquéllas como parte del salario. Algo que también debería aclararse es la veracidad de la versión que atribuye a la Comisión de Administración del TEPJF un acuerdo por el cual los magistrados -además de sus fideicomisos- se adjudicaron bonos periódicos a lo largo del proceso electoral de 2006. Si tal versión fuera exacta, habría qué preguntarse no sólo sobre la legalidad de tales ingresos sino también sobre su conciliación con la ética. Es claro que en el TEPJF ha habido excesos porque ahí, igual que en otros órganos autónomos, hay una ancha franja de discrecionalidad presupuestal. Se requiere una legislación inteligente que, sin atentar contra la autonomía, angoste esta franja y evite no sólo los abusos en materia de ingresos sino también otros hechos negativos, como el nepotismo disimulado, mediante el cual familiares de unos magistrados se ubican en las oficinas de otros. Omnia Del cúmulo de reflexiones que provocan los hechos de Oaxaca, destacan tres: a) La grave responsabilidad que tienen los senadores del PAN y del PRI, al no haber acordado el nombramiento de un gobernador provisional que convoque a elecciones, como lo prevé la Constitución, ante la evidente desaparición de poderes de la entidad. b) ¿Cuál puede ser la apuesta de un partido disminuido, el PRI, que vincula su escasa fuerza al peor rostro del poder, ahora personalizado por Ulises Ruiz? Las próximas y diversas elecciones probarán si el voto de castigo que por ello recibirá el PRI es proporcional al daño que este partido, con la complicidad del PAN, le está causando a Oaxaca. c) ¿Qué sigue después de que maestros y activistas oaxaqueños caen bajo las balas disparadas por esbirros asociados al gobernador, sin que éste deje el poder y sea procesado? Es clara la tentación de emprender el camino de las armas para dar cauce a la rabia y la frustración, en particular en un estado donde ya existen focos guerrilleros. Ésta es una razón más, por si faltaran, que evidencia la imposibilidad de que Ulises Ruiz continúe en el gobierno de Oaxaca.