La columna de Miguel Angel Granados Chapa.

Miguel Ángel Granados Chapa ¿Cuántos muertos vale Ulises?

Desde junio el gobierno oaxaqueño ha pedido la intervención del federal pero sólo ahora éste ha resuelto atender la solicitud. No es claro si se dirige a apuntalar a Ruiz o si es el componente extremo para empujarlo hacia su caída

Como ocurrió en junio del año pasado, cuando estableció la operación México Seguro horas después de que el embajador Antonio Garza urgió a enfrentar la violencia homicida en Nuevo Laredo, el presidente Fox fue de nuevo sensible al llamado del diplomático norteamericano y envió a Oaxaca fuerzas federales, tras un violento viernes en que entre otras víctimas fue asesinado un camarógrafo norteamericano, Bradley Roland Will. Mientras escribo estas líneas se cumple la instrucción presidencial dictada en las primeras horas del sábado, tras una reunión de emergencia del gabinete de seguridad, con la presencia del secretario de Gobernación Carlos Abascal. La presencia federal policiaca (y quizá también militar) puede servir para aplacar la violencia desatada por el gobernador Ulises Ruiz y por dirigentes políticos que le son adictos, como el ex diputado Elpidio Concha, que ha provocado varias muertes; pero también puede ser causa de fricciones que aviven la tensión que se ha recrudecido en los últimos días, y genere resultados semejantes a los que se quiere evitar. Después de que el Senado avaló las acciones y omisiones de Ruiz, éste se dispuso a acabar con la resistencia civil que lo mantiene en jaque desde hace muchos meses, demasiados para la tranquilidad de las porciones de la sociedad oaxaqueña directamente concernidas por la movilización ciudadana. Al mismo tiempo, las agrupaciones que lo cuestionan, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la sección XXII del sindicato magisterial adoptaron nuevas tácticas en su enfrentamiento con Ruiz y en sus negociaciones con la Secretaría de Gobernación. La APPO emitió el martes un ultimátum de 72 horas, que venció el viernes por la noche, para que Ruiz decidiera marcharse. Simultáneamente, los maestros votaron por volver a las aulas, tras procedimientos amenazados por la violencia y que pusieron a la organización sindical al borde de la escisión, distinta de la que azuzada por el comité nacional del SNTE está en curso para debilitar estructuralmente a los mandos seccionales. La aparente contradicción entre sus adversarios: endurecida la APPO, el magisterio en trance de ceder, colocó al gobernador en la oportunidad de gobernar del modo en que saber hacerlo, mediante agresiones violentas. Así lo hizo el 14 de junio, cuando su policía pretendió desalojar el centro histórico oaxaqueño. Así lo hizo el 21 de agosto, cuando una brigada parapoliciaca, disfrazada pero identificable, asaltó la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y destruyó el transmisor que servía para la propaganda de la movilización popular. Así lo hizo cuando en diversos momentos sus tropas dispararon contra ciudadanos inermes y les dieron muerte. Así lo hizo el viernes cuando su gente, armada, mató a tres personas al pretender eliminar las barricadas con que la APPO se disponía a cumplir los términos de su emplazamiento al gobernador, que consistían principalmente en cercar la ciudad de Oaxaca, aislarla del resto de la entidad y del centro de la República. El signo de la muerte acompañó a Ruiz desde su campaña a la gubernatura. Los lectores de Reforma vieron en la primera página del diario, el 28 de julio de 2004, la tunda que en la víspera seguidores del candidato priista asestaron, a palos, al profesor jubilado Serafín García Contreras, que murió de ese terrible modo. No sólo no se procedió contra los homicidas, claramente identificados en fotografías y videos, sino que se pretendió revertir la responsabilidad hacia los compañeros de la víctima, miembros del Frente Único Huautleco, opuestos a que Ruiz hiciera propaganda en Huautla de Jiménez. Casi inmediatamente después, el alcalde priista de Estancia Grande asesinó por la espalda a la señora Guadalupe Ávila Salinas, que había ganado la elección para sucederlo. El homicida, de igual modo que en el caso anterior, pudo huir fácilmente. La procuradora de Justicia de entonces, Patricia Villanueva Abraján, que nada hizo por perseguir esos delitos, ocupa hoy una curul vecina a la de su jefe de entonces, José Murat, en la Cámara de Diputados. Ruiz y el gobierno federal se responsabilizan mutuamente de los graves acontecimientos ocurridos en los cinco meses recientes. Ambas partes tienen razón, pues unos y otros incurrieron en acciones y omisiones que encendieron y estimularon la protesta civil, que librada a su propia dinámica practica una suerte de autogobierno con rigores, excesos y desmanes. La original petición del magisterio atañe a la Secretaría de Educación Pública que, pudiendo atenderla, se abstuvo de hacerlo, con lo que el movimiento creció y adquirió nuevas modalidades. Algo esencial para la gobernabilidad, que es la comunicación entre los ciudadanos y sus representantes, se rompió en Oaxaca hace meses y la APPO y la sección XXII sólo hablan con la Secretaría de Gobernación, en términos que la presencia federal de estas horas ha dejado atrás, lo que podría inducir al rompimiento de los incipientes acuerdos a los que se había llegado. Desde junio, en un pedido reiterado en septiembre, el gobierno de Oaxaca ha pedido la intervención de la fuerza federal esgrimiendo el artículo 119 constitucional que impone a "los poderes de la Unión", el "deber de proteger a los estados... en caso de sublevación o trastorno interior... siempre que sean excitados por la legislatura del estado o por el Ejecutivo si aquella no estuviera reunida". Sólo ahora ha resuelto el gobierno federal atender esa solicitud. Es claro contra quién se dirigirá su fuerza: los miembros de la APPO que radicalizaron su actuación ante la impunidad del gobernante. No es claro, sin embargo, si la intervención federal se dirige a apuntalar a Ruiz, en consonancia con el acuerdo del PRI y el PAN que produjo la aberración jurídica senatorial que descubrió la existencia de poderes que no pueden, de un gobierno que no gobierna. O si, por lo contrario, es el componente extremo, el más riesgoso, para empujar al gobernador hacia su caída. Ruiz representa, es beneficiario de una paradoja. Nadie lo apoya, pero nadie quiere echarlo. En la sesión del Senado que lo puso jurídicamente a salvo, y lo envalentonó, no hubo una sola voz que lo avalara. Estaba presente Adolfo Jesús Toledo Infanzón, que es "su" senador, pues Ruiz lo hizo candidato preferencial, lo que le permitió llegar a Xicoténcatl por el camino de la primera minoría. Y también estaba Carlos Jiménez Macías, legislador potosino por la misma vía, delegado madracista en la tierra de Ruiz, de quien es vocero. Pero esa vez calló, atendiendo seguramente una táctica de no exacerbar los ánimos panistas, puestos en la necesidad de sostener a quien repudian, a causa del apoyo que reclaman del PRI para la gobernabilidad general del país. Como parte de esa posición dual del partido en el gobierno, algunos de sus personeros eminentes han solicitado, de diversos modos, con varios tonos, a Ruiz que se marche. Parecen no hacerse cargo de que, fortalecido el gobernador por la vía senatorial y mediante las negociaciones de la protesta civil con Gobernación, no se apartará espontáneamente del puesto que quiere desempeñar hasta 2010 (si no es que sus diputados le alargan el periodo, como hicieron consigo mismos, pues no concluirán su mandato en noviembre del año próximo sino hasta septiembre de 2008, por una reforma que se autorrecetaron). Los diputados panistas parecen haber llegado al convencimiento de que un pronunciamiento institucional de la Cámara exhortando al gobernador a beneficiar al estado con su petición de licencia tendría fuerza suficiente para persuadir a Ruiz. En San Lázaro radica el poder de la bolsa, de modo que un gobernador manifiestamente malquisto con los diputados enfrentaría dificultades para negociar partidas de su interés. Y de esa Cámara depende la Auditoría Superior de la Federación, capaz de examinar el dinero federal gastado en Oaxaca, tema en que el gobernante cuestionado es particularmente vulnerable. Pero esos legisladores panistas vacilan y aguardan a que los hechos y no sus voluntades decidan la situación. Parecen no calibrar, o no dar importancia a los riesgos de todo género que la sociedad oaxaqueña enfrenta cada día que pasa, a pesar (o con motivo de) la presencia policiaca federal. ¿Cuántos muertos vale Ruiz? ¿A qué macabra cota se espera llegar?