La columna de Miguel Angel Granados Chapa.

	Miguel Ángel Granados Chapa López Obrador en acción
Se activa el calendario de la resistencia civil pacífica encabezada por el ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos proclamado Presidente legítimo por la Convención Nacional Democrática, que organiza en varias sendas sus tareas
En 1958 y en 1988 el Partido Acción Nacional calificó de ilegítimo el triunfo de los candidatos presidenciales del PRI, Adolfo López Mateos y Carlos Salinas de Gortari, y en el primer caso descalificó también la elección legislativa y pidió a sus candidatos que obtuvieron diputaciones que se abstuvieran de rendir protesta. Pero no afirmó su propia victoria y por lo tanto no reivindicó para sus abanderados, Luis H. Álvarez y Manuel J. Clouthier, el papel que corresponde a quien le ha sido arrebatado el triunfo. El vasto movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en cambio, no se limitó a la denuncia de la manipulación electoral ni a enrostrar su ilegitimidad al declarado oficialmente como Presidente electo. Lo consideró espurio y, por lo tanto, asignó el carácter de Presidente legítimo a López Obrador. Ambas decisiones fueron tomadas el 16 de septiembre por una multitud claramente representativa de otra mucho mayor inconforme con los resultados e indispuesta a avenirse simplemente a la declaratoria oficial favorable a Felipe Calderón. Convocado especialmente para ese propósito, el gentío que durante julio se congregó repetidamente en el Zócalo se convirtió en Convención Nacional Democrática. Esa es una de las notas que diferencian la movilización de López Obrador de otras reacciones de candidatos perdedores o a los que se arrinconó en esa condición. López Obrador ha organizado a quienes votaron por él y no admiten el resultado electoral, puesto que le atribuyen la condición de fraudulento. El ex candidato de la Coalición Por el Bien de Todos y de las redes ciudadanas reunidas en torno suyo ha tenido liderazgo para organizar la resistencia civil pacífica y otras formas de oponerse a las consecuencias formales de la elección trucada. Ahora se dispone a volver a los caminos y a la acción. Esta misma semana, tras designar el viernes a los integrantes de su gabinete, echará a andar de nuevo, en ruta que comprende a partir del sábado 4 a municipios de los estados de México, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Guerrero, Tamaulipas y tres delegaciones del Distrito Federal. Ese trayecto concluirá el lunes 20 con su asunción a la Presidencia legítima, en la Plaza de la Constitución, acto que será visto como un sainete por muchos pero que a los ojos de un número igual o mayor se entenderá como la defensa suprema de la libertad de sufragio. La semana pasada, como señal de que el gobierno encabezado por López Obrador será simbólico pero no de opereta, se constituyó, el miércoles 25, la coordinación política de la Convención Nacional Democrática (cuyo lema es "Sufragio efectivo, no imposición"), que presentó su Propuesta para la transformación de México. Al día siguiente, jueves 26, el Frente Amplio Progresista (FAP) convirtió aquella propuesta en su propia agenda, que fue ya entregada por los grupos parlamentarios de los partidos que integran el Frente al resto de las bancadas en el Congreso. De ese modo López Obrador ha encarado con éxito el riesgo de dispersión posterior a la frustración de un propósito. Salvo el caso prototípico e inimitable de Francisco I. Madero, cuya protesta electoral generó una revolución, ningún candidato que hubiera organizado su propio movimiento pudo conservarlo. Lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas después de 1988, pero no para enfrentar de inmediato la imposición de Salinas sino para una acción política de largo plazo a través del Partido de la Revolución Democrática. En cambio, López Obrador está pudiendo actuar en la coyuntura inmediata y también con vistas al futuro. La expresión más clara de esa voluntad de permanencia es el FAP. Jurídica y políticamente, el compromiso de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia entre sí y con su candidato presidencial, terminó al concluir el proceso electoral. Pero resolvieron mantenerse unidos conforme a la legislación electoral, que permite la constitución de frentes en tanto que uniones partidarias para propósitos no electorales. La propuesta del movimiento lopezobradorista consta de 10 puntos, que sintetizo aquí con sus líneas iniciales: 1.- Frenar la restauración autoritaria en marcha, para asegurar la libertad de información y elecciones libres, e iniciar el cambio de régimen político conforme a la nueva pluralidad. 2.- Crecer con equidad. La estabilidad financiera no puede ser el único fin de la economía, sino la generación de empleos necesarios y bien remunerados en la economía global, con sustentabilidad e inclusión social. 3.- Justicia social con un Estado garante del bienestar. 4.- Impulso a la ciencia y la tecnología y preservación del patrimonio cultural. 5.- Definir una política integral y sanear las empresas públicas del sector energético para que cumpla su papel determinante en el desarrollo de la economía y se asegure el dominio de la nación. 6.- Reforma integral del sistema de justicia y seguridad pública. 7.- Frenar la corrupción mediante la austeridad republicana y el combate al tráfico de influencias y los conflictos de interés. 8.- Impulsar el federalismo y la autonomía municipal, rediseñando el régimen federal como parte del cambio del régimen político. 9.- Revisión integral de la Constitución, para asegurar la protección de los derechos ciudadanos, el buen funcionamiento de la democracia y la orientación de la política económica que favorezca el crecimiento y la mayor igualdad social. Y 10.- Política exterior de Estado. Cajón de Sastre Si no se trata de una grotesca aberración complicitaria del gobierno federal con el todavía gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, en las próximas horas deberíamos tener noticia de los términos en que éste ha decidido apartarse del gobierno. De lo contrario, la tardía intervención de las fuerzas federales en el conflicto que concernió desde siempre a las instancias nacionales se convertirá en la corroboración policiaca y militar del aval que el Senado otorgó irresponsablemente a un gobernante que no gobierna. El desalojo de las calles de la capital oaxaqueña, la eliminación de las barricadas, la supresión de las condiciones que han lastimado a profundidad a los habitantes de esa ciudad sólo será eficaz en el mediano plazo si la intervención federal que la hizo posible es acompañada del retiro de Ruiz. De lo contrario, ni siquiera la permanente ocupación de la entidad evitará que renazca el conflicto, pues se preservará su causa. O que se nos diga cuánto tiempo se quedarán en Oaxaca y a qué costos, incluidos los financieros, los miles de agentes federales en apoyo a un gobernante impopular.