La columna de Eduardo Huchim.

Eduardo R. Huchim Vivitos

En la madrugada del 5 de junio de 1995, varios hombres descargaron en el Zócalo de la Ciudad de México, donde acampaban algunos miles de tabasqueños, decenas de cajas repletas de documentos. Era el archivo financiero de la campaña electoral del Partido Revolucionario Institucional en Tabasco, que documentaba un gasto por 237 millones de pesos, equivalente a casi 50 veces el límite fijado en 1994 por las autoridades estatales y 100 millones más de lo que oficialmente costó ese mismo año la campaña presidencial de Ernesto Zedillo. Debido a ésa y otras irregularidades, Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD a gobernador, había encabezado el "Éxodo por la dignidad y la democracia" de Tabasco al Distrito Federal, para protestar así contra el fraude electoral cometido por el PRI y su candidato Roberto Madrazo Pintado. Doce años después de los polémicos comicios de 1994, las cosas no han cambiado en materia electoral en Tabasco. El dispendio priista se manifestó ahora en el reparto de bicicletas, despensas y otros bienes para inducir el voto, así como en la propaganda del candidato Andrés Granier Melo en la televisión nacional, en tanto que el aspirante perredista, César Raúl Ojeda Zubieta, ha dicho que su propaganda no le fue aceptada por Televisa. Las malas artes electorales se han ahondado en Tabasco y, a imitación de lo ocurrido en la reciente campaña presidencial, ahora se acudió a la propaganda negativa, en la que Ojeda fue calificado -¡Qué originalidad!- como "un peligro para Tabasco". Ante las prácticas que denotan inequidad, violaciones a la ley y excesos de gastos de campaña, están dadas las condiciones para que, si alguien los impugna, los comicios tabasqueños sean anulados como en 2000, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó la causal de nulidad abstracta, si bien ahora serían nuevos magistrados quienes conocerían del asunto. Uno de los hechos que condujeron a la sentencia del TEPJF en 2000 fue la presión a taxistas para que votaran por el PRI, a cambio de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado les entregara permisos para operar automóviles de alquiler. Seis años después, la historia se repitió, como lo documentó Carmen Aristegui hace unas semanas en W Radio, con un video en el que se escuchó al subsecretario del Transporte, José del Carmen Domínguez Nares, cuando pedía a transportistas apoyo para el candidato priista y amenazaba con revocarles sus concesiones si no lo hacían. Cambian años y personajes, pero el dispendio, la inducción del voto y la amenaza ahí siguen vivitos y coleando con cola de mapache. En Tabasco se hicieron también presentes las viejas tácticas de intimidación y represión gubernamentales, materializadas en detenciones arbitrarias de perredistas a quienes les fabricaron delitos y les sembraron armas, además de montarles, o arrancarles por la fuerza, increíbles confesiones autoincriminatorias. ¿O alguien puede creer que tres detenidos se dejen filmar voluntaria y conscientemente diciendo que fueron a Tabasco a desestabilizar la elección? Al margen de quién ganó, lo que se ha visto en Tabasco es una brusca regresión a tiempos que ingenuamente creíamos superados. Es una muestra de cuánto nos falta consolidar en materia electoral, a pesar de que la alternancia en el poder es ya un hecho. Es una prueba de que, sobre todo en las zonas democráticamente obscuras, las elecciones siguen siendo una asignatura pendiente en México. Omnia Una revisión de rutina realizada en 1997 por la Contraloría del Instituto Federal Electoral detectó una serie de compras irregulares en la Junta Local Ejecutiva del IFE en el Distrito Federal, entonces a cargo de Manuel González Oropeza. Como no hubo una explicación satisfactoria para esas supuestas compras, la unidad de asuntos jurídicos del IFE presentó una denuncia penal, de cuyo resultado no se informó públicamente. González Oropeza es hoy un fuerte candidato a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia votaron por él al seleccionar a los 32 aspirantes de los que saldrán las ternas que esta semana serán enviadas al Senado. Sin prejuzgar sobre la responsabilidad que González Oropeza haya tenido en la denuncia del IFE, es pertinente que quienes determinarán la integración de la Sala Superior del TEPJF -ministros y senadores- reciban explicaciones amplias sobre este asunto, en caso de que no las hayan tenido ya. Hay otros candidatos al TEPJF a quienes podrían pedirse aclaraciones semejantes, pero ante la unanimidad de los ministros, el caso citado permite señalar que la transparencia en la selección en desarrollo no debe atender sólo a procedimientos sino también a trayectorias.