La columna de Sergio Aguayo.

Sergio Aguayo Quezada El arte de la fuga

Oaxaca no es la excepción. Políticos y gobernantes hacen lo posible por evadir los conflictos políticos. Después de meses de hacerse el disimulado, y de pagar un altísimo costo humano y económico, el gobierno federal terminó usando la fuerza... para entregar el Palacio de Oaxaca a Ulises Ruiz. Como Presidente, Adolfo Ruiz Cortines tenía un modo bien curioso de enfrentar los problemas difíciles: metía el expediente en un cajón y meses después lo sacaba y un buen número de ellos ya se habían resuelto. El método todavía se utiliza porque se cree que el inmovilismo esteriliza las protestas, sepulta los escándalos y resuelve de manera natural las disputas por el poder. La receta ya no funciona. El jueves 26 de octubre, El Universal publicó en primera plana una declaración sorprendente. La violencia que azota Nuevo León (gobernado por el PRI) fue calificada por el subprocurador, Aldo Fasci Zuazua, como parte de la "normalidad" porque, explicó, el crimen organizado resuelve sus diferencias de esa manera (es decir, con levantones, ejecuciones y decapitaciones). El secretario general de Gobierno, Rogelio Cerda, fue más allá y supongo que salía de algún seminario motivacional, porque aseguró que todo se arreglaría cuando la plaza de Nuevo León ¡tuviera un "dueño definido", una organización criminal que controlara todo! Si así piensan los funcionarios de un estado que presume de eficacia y prontitud para manejar problemas... En Oaxaca, el gobierno de Vicente Fox confirmó durante cinco meses su virtuosismo en la interpretación del arte de la fuga, del no hacer nada. En ese territorio lo derrotó el gobernador Ulises Ruiz quien, apoyado por su partido, se sentó a esperar y sobre su hamaca fueron cayendo los frutos: el PRI y el PAN se negaron, en el Senado, a desaparecer los poderes; y a los pocos días los federales llegaron a Oaxaca para reinstalarlo en Palacio... por la fuerza. Quién hubiera dicho que el PAN le entregaría el poder a un gobernador que ejemplifica aquellas víboras prietas (de la política) que alguna vez condenara Vicente Fox. Instalado en su palacio, Ulises se muestra taimado mientras surge el coro, conducido por Carlos Abascal, que lo exhorta a que, si no tiene inconveniente, respete la ley y le sugiere que piense si no sería bueno que se ausentara por el bien de Oaxaca. El perredismo también sabe cómo hacerse el desentendido. En su principal reducto, la capital, ha entregado la calle a quienes la quieran. Se cierran las vialidades por motivos políticos o porque la profesora bigotona es una pellizcona; se pierde una hectárea de bosques cada día porque la invaden "compañeros" y/o especuladores; se multiplican los franeleros que cobran al que estacione en la vía pública y los vecinos cierran sus calles para protegerse y los restauranteros invaden banquetas y vialidades para poner mesas o estacionar coches. Faltarían varios cuadernos para enlistar a todos los que confían en el tiempo y la fortuna para resolver conflictos u ordenar algún caos. La fórmula ya no funciona porque perdió vigencia el entendimiento logrado hace tiempo entre gobierno y ciudadanía para separar lo público de lo privado. El gobierno alejaba a los ciudadanos interesados en participar en las decisiones o conocer la forma en que se manejaban los presupuestos; los cargos, ya se sabe, eran propiedad de quien los ocupaba. Si respetaban esa petición, el gobierno dejaba en paz a la ciudadanía para que ésta resolviera sus diferencias. La sociedad aceptó el trato porque quería al gobierno fuera de sus asuntos y porque, cuando tenían que acudir a él para algún trámite, había modos prácticos para arreglarse; si el compadre fallaba, siempre podía recurrirse a la taumatúrgica mordida. Desde otra perspectiva el entendimiento benefició a los gobernantes o ciudadanos con mañas y/o poder y ahí radica una de las causas de la pésima distribución de la riqueza. El arreglo ha dejado de funcionar porque se ha ido desmantelando el Estado presidencialista y centralista y el poder extraviado ha caído en las manos de otros actores: gobernadores, crimen organizado, vendedores ambulantes, etcétera. En estas condiciones se esfumaron los beneficios de no hacer nada y son indudables las consecuencias negativas de la pasividad gubernamental. En ese marco se aprecia con toda nitidez la contradicción en que incurre el PRD: pregona un plan para renovar al país en todos los órdenes... mientras entrega los espacios públicos de la capital a los poderes fácticos bastante poco interesados en el bien común. En el Nuevo León priista sorprende e inquieta que haya funcionarios de alto nivel declarando que habrá normalidad cuando triunfe un cartel; olvidan que en las disputas por las "plazas" los tejidos sociales se corrompen, los espacios públicos se hacen inseguros porque ahí se libran los encontronazos armados; y que todo ello alimenta los secuestros, los asaltos a mano armada, las redes de prostitución adulta e infantil, etcétera. En Oaxaca, Vicente Fox ya no pudo cerrar los ojos ante el caos y la violencia y envió fuerzas federales a quitar los obstáculos que impedían el regreso de Ulises Ruiz, cuyas políticas y decisiones fueron las principales causas de una insurrección civil que ha pagado con vidas su compromiso. Ahora sugieren que el gobernador incómodo salga a la brevedad posible pero eso ya no depende de las declaraciones que salen del Ejecutivo o el Legislativo, sino de la voluntad de Ulises y de los rumbos que tome un conflicto social cuyo futuro depende de la resequedad del pasto social. Tiempos difíciles y de incertidumbre porque mientras se van acumulando los problemas de diverso tipo la clase política se las arregla para evadirse e irse a ensayar el arte de la fuga. Su virtuosismo ya no impresiona, preocupa. La Miscelánea Bajo ciertas condiciones nuestros políticos hacen a un lado la contemplación. Cuando se disputa el poder les sale la veta ejecutiva y ponen a funcionar la imaginación. Tengo en mi poder unos oficios firmados en agosto por el ex secretario de Gobierno de Guanajuato, Samuel Alcocer Flores, en el que se solicitaba a los directores que todo el personal empleado por el estado llenara unas fichas informativas en las que estaba la petición de mencionar su "afiliación política". ¿Ignoraban acaso que en las leyes estatales y federales las preferencias políticas son consideradas como datos personales y son, por tanto, confidenciales?