La columna de Eduardo Huchim.

	Eduardo R. Huchim Trauma
El 1o. de diciembre de 1988, Carlos Salinas tomó posesión de la Presidencia en medio de una ceremonia duramente impugnada por una parte del Congreso de la Unión, después de que la oposición denunció que su triunfo había sido producto de un enorme fraude electoral. La oposición corrió en los años siguientes por dos derroteros: al PAN se le reconocieron triunfos estatales y federales obtenidos en las urnas; la izquierda, por su parte, dio cauce a su iracunda frustración por la vía partidaria y su candidato, Cuauhtémoc Cárdenas -quien para muchos ganó la Presidencia-, fundó el Partido de la Revolución Democrática. En condiciones distintas, cuando la alternancia en el poder se ha producido y la decepción por la democracia no puede ser disimulada con el torrente de spots con los que se autoelogia Vicente Fox, hoy estamos de nuevo ante una inauguración presidencial conflictiva y quizá más traumática que la de 1988, y pese a esa perspectiva, los actores políticos no parecen estar haciendo esfuerzos fructíferos para desmontar la polarización y acordar una toma de posesión si no tersa, al menos sin extremismos. El escenario actual muestra que la fuerza mayoritaria en el Congreso, el PAN, es rehén del PRI, partido que con la amenaza de no avalar la ceremonia del 1o. de diciembre, impone condiciones, obtiene puestos legislativos y evita el necesario alejamiento del poder del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, empeño en el cual está dejando jirones de prestigio. Suele acusarse al perredismo -a veces con razón- de no negociar, de autoexcluirse, pero existen hechos recientes -y los actos dicen más que las palabras- que hablan de otra cosa. Así lo acredita, por ejemplo, un reciente acuerdo unánime en el Senado: la designación de cinco magistrados electorales. Es un acuerdo criticable porque prevalecieron las filias y las fobias partidarias y fueron designados algunos magistrados que no ofrecían el mejor perfil, pero también fue un acuerdo virtuoso por la unanimidad. Dicho de otro modo: contra lo que indica la diatriba verbal, sí se puede negociar con el perredismo legislativo y también con Convergencia y el Partido del Trabajo. Pero negociar supone renunciar a la fuerza, a la amenaza y a la bravata, tríada que acaba de cometer, contra el talante que por lo general se le percibe, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño Infante, cuando anunció una asunción militarizada y policializada de Felipe Calderón, porque se prevé que las "fuerzas de seguridad" impidan la toma de tribuna. La declaración está acompañada de una cierta dosis de candor, porque su probable consecuencia es que los perredistas, tomándola como provocación, ya estén diseñando otras tácticas que puedan tener el mismo efecto que el asalto a la tribuna. ¿De verdad desea el panismo que el acto inaugural de Calderón se dé en medio de una represión a los legisladores en su propia casa y cuando muchos ojos internacionales estarán fijos en México? ¿En verdad se quiere una confrontación del Ejecutivo con un segmento muy importante del Congreso? Sin pretender un imposible paralelismo, ¿debe olvidarse que el referente de una confrontación subida de tono se remonta al huertismo y que el saldo fue la defenestración del Presidente espurio y asesino? ¿O se buscará el salto de mata aunque se acentúe la debilidad del nuevo gobierno? Después de los graves yerros del IFE y del TEPJF que restaron certeza a la elección presidencial, con millones de ciudadanos que consideran a Calderón, como a Salinas en su momento, producto de un fraude electoral, es claro -o debiera serlo- que la vía para evitar fracturas mayores no es la fuerza, sino el diálogo, la negociación incansable a la que están obligados sobre todo PAN y PRD, que no debieran soslayar lo que muy claramente dijo el electorado el 2 de julio cuando negó mayorías legislativas absolutas. A ese diálogo y a esa negociación parece haberse renunciado, con lo cual se abdica de la política y se anuncia un trauma para la nación. Omnia Se equivocan quienes suponen que la Presidencia de la República se asume automáticamente a partir del primer segundo del 1o. de diciembre y por ello la ceremonia en el Congreso es prescindible. El texto del artículo 87 constitucional dispone la obligatoriedad del acto legislativo, al ordenar que "el Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta...". Además, el artículo 128 constitucional establece que "todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen". En ninguna parte se prevé que esa protesta pueda ser por escrito, como ya se especula que podría hacerlo Felipe Calderón.