La columna de Miguel Angel Granados Chapa.

Miguel Ángel Granados Chapa Fox, deudor moroso

El financiamiento irregular, contrario a la ley, que condujo al PAN a la Presidencia en el 2000 dejó una secuela que tendría que haber sido atendida por sus promotores, como particulares, y no a través de actos de funcionarios que ejerzan recursos públicos

Arturo Quintero es un próspero abogado de Monterrey. En el despacho en que es socio de su padre de igual nombre lleva, entre otros, los asuntos de Alfonso Romo, especialmente el litigio que desde hace un año mantiene ese empresario con su suegro, por ingentes cantidades de dinero. Quintero es profesor de la Universidad de Monterrey, y cónsul honorario de Noruega en aquella capital de Nuevo León. Fue también el abogado de la asociación civil Amigos de Fox y, en lo personal de Lino Korrodi y el propio Vicente Fox durante el periodo en que buscaron impedir que se averiguara el financiamiento irregular que fue clave para la elección presidencial del 2000. Ahora será abogado de sí mismo porque, cansado de esperar el pago de sus servicios profesionales (cuyo comienzo data de al menos mayo de 2002), ha demandado a Fox y a Korrodi, que le adeudan 3 millones de dólares. Habían ofrecido pagarle la mitad, en vez de todo, a más tardar el 31 de octubre. Incumplieron y el 8 de noviembre acudió a los tribunales. Esos servicios profesionales se remontan a mediados de 2002. Durante más de un año, de julio de 2000 a agosto de 2001, el Consejo General del IFE investigó el financiamiento recibido por el PAN a través de varios conductos y al cabo desechó las quejas al respecto, imposibilitado para ahondar las averiguaciones. El PRI y el PRD impugnaron la decisión de ese órgano, y el 7 de mayo de 2002 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó reabrir la investigación, resolución que incluía la posibilidad de indagar los manejos financieros de particulares. Korrodi se opuso, alegando la privacidad de sus cuentas personales. Entonces entró en escena su abogado: "el 8 de junio, Arturo Quintero presentó, en mi nombre, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República contra quien resultara responsable del uso indebido de documentos de mi propiedad a través de la violación del secreto bancario... Semanas después, el 3 de julio, solicité junto con Carlota Robinson un amparo a fin de evitar que el IFE investigara nuestras cuentas bancarias...", y las de las empresas de Korrodi. A ese amparo siguieron nueve más. A fines de septiembre se abrió un nuevo flanco en la cuestión, al ser presentada una denuncia penal contra Fox y Korrodi sobre el posible uso ilegal de recursos, del que a la larga serían exonerados. Y la carga de los abogados aumentó cuando Korrodi denunció al consejero electoral Jaime Cárdenas por presunta filtración de información confidencial. Cuando fue claro que los amparos serían perdidos por Korrodi y otros afectados (Fox mismo, en el fondo), todos se desistieron de esos juicios, lo que dio lugar a que en octubre de 2003 el IFE resolviera en definitiva el caso. Estableció con claridad las responsabilidades de Korrodi y los Amigos de Fox, en que éste figuraba personalmente, en el financiamiento paralelo, pero sólo los partidos de la Alianza por el Cambio (PAN y Verde) resultaron sancionados. El Tribunal confirmó esa resolución el 20 de mayo de 2004. Entonces terminó el trabajo de Quintero y sus socios, aunque empezó la ardua tarea de cobrar sus honorarios. Quién sabe cómo los tasaron, el hecho es que han reclamado 3 millones de dólares, devengados en dos años de trabajo, lo que equivale a una iguala de 125 mil dólares mensuales (salvo que al cálculo final se hayan sumado intereses moratorios). Según su propio testimonio, ofrecido a Carmen Aristegui a raíz de la demanda de los acreedores jurídicos, Korrodi habría insistido durante dos años ante Fox en que se cubrieran los honorarios no pagados. Como si fuera un adeudo adquirido en función de sus responsabilidades presidenciales, y no como un particular que se defendía de señalamientos sobre hechos ocurridos antes de ser Presidente, Fox dispuso que sus colaboradores de confianza resolvieran el problema. Ramón Muñoz, ahora senador y entonces jefe de la Oficina de Innovación Gubernamental y brazo derecho del Ejecutivo recibió esa encomienda, lo mismo que el procurador de la República, Daniel Cabeza de Vaca, el secretario Carlos Abascal y el canciller, Luis Ernesto Derbez (que había estado involucrado en las redes del financiamiento paralelo), debían ocuparse de algún problema fiscal nebulosamente referido por Korrodi, pero de importancia tal que ameritaba que se le dijera a Paco Gil: "vamos a terminar con este asunto". Y el de los honorarios. Hubo una reunión en mayo, en Gobernación, para abordar, ante la inminencia de las elecciones, "el tema de los Amigos de Fox que podía explotar y que no se qué...". Sin ningún avance: "Se da otra reunión hace dos meses y medio. A esa reunión llamaron a los abogados, porque supuestamente iban a estar en la reunión, pero ahí los únicos que tuvimos la junta con Carlos Abascal fuimos Luis Ernesto Derbez y yo". Derbez se encargó de negociar con Quintero una reducción a la mitad de sus pretensiones. Y se le fijó una fecha, el 31 de octubre, para liquidar, lo que no ocurrió. Korrodi no ahorra su tristeza y su resentimiento con Fox, por no haber asumido directamente el compromiso con los abogados, que ahora deberá encarar ante la justicia, ya fuera del poder. Aunque ya desde 2003, en su libro Me la jugué, le reprochaba su concepción de la amistad, que "consiste en buscar su beneficio sin atender a la subsiguiente correspondencia", por lo que "es mucho lo que Fox ha recibido (y) su retribución ha sido nula...". Fox no sólo debe dinero. Tiene con sus amigos una deuda moral. Cajón de Sastre La Ley de Sociedades de Convivencia responde a una etapa y una forma de transformación social que se evidencia en la integración de familias diferentes de la mayoritaria, compuesta por padres e hijos. No se refiere sólo a las uniones de personas del mismo sexo, lo cual hubiera sido ya una importante razón para emitirla, sino a otras maneras en que personas no emparentadas, o no obligadas por el parentesco, asumen la vida en comunidad, para el disfrute de bienes espirituales y materiales y para enfrentar las complicaciones y adversidades de la existencia. No supone en absoluto crítica, menoscabo y menos aún ataque a la institución matrimonial (como no lo significó en su momento reconocer efectos jurídicos al concubinato). Y tampoco implica fomentar la homosexualidad, según una crítica procedente del conservadurismo católico que rehúsa ver los problemas de no encarar la sexualidad en la Iglesia con realismo y respeto, porque no se trata de una moda sujeta a crecimiento o disminución según se la promueva o contenga, sino de un fenómeno social existente siempre.