La columna de Miguel Angel Granados Chapa.

Miguel Ángel Granados Chapa Ulises Ruiz: licencia vencida

Al encuentro convocado por la Segob asistió un centenar de representantes de la sociedad oaxaqueña. Dirigentes indígenas y el pintor Francisco Toledo, tras protestar por la falta de atención a la cuestión indígena, se retiraron

Con pretendido humor, el miércoles pasado el aparente gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz insistió en que no abandonará el cargo que ejerce desde el aire (por la frecuencia de sus viajes en avión o helicóptero) o desde la Ciudad de México. Pedirá licencia, pero de manejar, aclaró, porque la tiene vencida. Esa confesión de irregularidad administrativa fue, al contrario de su intención, un anticipo de lo que podrá ocurrir esta semana, su retiro del gobierno. Los acontecimientos recientes indican la creciente urgencia de que esa decisión sea asumida por Ruiz, a quien tal vez le está siendo concedida la oportunidad de conducir su propio relevo, en vez que lo aplaste la aplanadora de la creciente oposición que suscita. Quienquiera lo haya cometido, el asesinato del ingeniero Jaime René Calvo Aragón fue ideado para impedir el eventual arreglo del conflicto y favorecer la acción de la fuerza pública, sea la federal según insiste el gobernador, sea la suya propia si se mantiene la mezcla de vacilación y prudencia que caracteriza al gobierno de Fox en este punto. La pertenencia de esta nueva víctima a una corriente magisterial opuesta a la que dirige la sección 22 del sindicato del magisterio sirvió para que sus líderes sean responsabilizados del asesinato, acusación que ellos y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, a su vez lanzan contra el gobierno estatal, quien notoriamente se dispone a entrar en acción. Fue difundido por la APPO el circunstanciado Plan hierro, dispositivo gubernamental para atacar los campamentos instalados en la capital del estado desde mayo anterior, y entre los incidentes de violencia que menudean en las últimas horas, unos agentes policiacos fueron retenidos cuando planeaban recuperar un palacio municipal en manos de la oposición. Incapaz de resolver sus dilemas, mostrada la falacia de sostener que no apoyan a Ruiz sino al Estado de derecho, el gobierno federal y su partido parecen aproximarse a dejar caer al gobernador. El miércoles fracasó el intento de la Secretaría de Gobernación para que las fuerzas vivas de Oaxaca presenciaran una magna operación de avenimiento de las partes y la preparación de una reforma que renueve la vida política de la entidad. Asistieron el gobernador y una amplia, desproporcionada representación empresarial, pero no lo hicieron los delegados de la APPO y la sección 22, a los que el secretario Abascal tuvo que recibir aparte al día siguiente. Dirigentes indígenas y el pintor Francisco Toledo, figura emblemática de la sociedad civil oaxaqueña, "invitados a última hora y sin suficiente información sobre sus propósitos, contenidos y participantes", estuvieron presentes al comenzar el foro en Bucareli, pero se ausentaron al comprobar que en esa reunión no estaba "suficiente y adecuadamente representada la sociedad oaxaqueña". Los inconformó no sólo la falta de presencia indígena, sino sobre todo que "en la agenda... no están planteados los temas que interesan a la mayoría de la población en el estado". Subrayaron "la más grave de las omisiones, que a nuestro parecer ilustra el carácter de la reunión: no hay referencia alguna a la cuestión indígena, aunque los pueblos indios representan la mayoría de la población de oaxaca y sus asuntos merecen la más alta prioridad". Sobresalió la mudanza en la posición de Toledo y algunos de quienes con él abandonaron el foro de Gobernación. El pintor se había mostrado crítico de los modos en que el magisterio formula sus exigencias, especialmente la ocupación del centro histórico, pero era considerado imparcial y por ello capaz de ejercer mediación entre las partes. De hecho lo intentó en dos ocasiones. Ahora, sin embargo, no vaciló en suscribir esta rotunda cláusula (como lo hicieron los dirigentes zapotecos Joel Aquino Maldonado y Aldo González Rojas, la lideresa huave Roselia Gutiérrez Luis, el abogado mixe Adelfo Regino e intelectuales y activistas civiles como el ex director del Instituto Nacional Indigenista Salomón Nahmad Sitton, Gustavo Esteva, Julián Valdez, Alejandro Ávila, César Mayoral y Víctor Raúl Martínez: "No habrá pacto de gobierno, ni gobernabilidad, mientras quien se ostenta como gobernador del estado de Oaxaca permanezca formalmente en su cargo. En este sentido, nos sumamos a la demanda de la sociedad oaxaqueña para que se decrete la desaparición de poderes en los términos establecidos en la Constitución federal y en la ley reglamentaria correspondiente". A una conclusión semejante se estaría llegando en círculos que hasta ahora apoyaron a Ruiz. Si bien el presidente Fox recibió a 11 de los 17 gobernadores priistas y allí al parecer dio seguridades de permanencia al Ejecutivo oaxaqueño, esa posición contraviene el interés de Felipe Calderón, a quien se ha convencido de que si Ruiz continúa en su cargo en diciembre a él le corresponderá tomar las decisiones que Fox se niega a adoptar, y por lo tanto estaría inclinando la balanza a favor de abandonar ahora a Ruiz. Sólo se estaría buscando el modo más pertinente para el efecto. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño, dijo el jueves, preguntado sobre la posibilidad de que el gobernador deje de serlo, que éste "debe valorarla", y que su salida "puede estar sujeta" a un diálogo con la sociedad y si ésta "encuentra que no hay respeto a la autoridad, creo que debemos hacer lo necesario para que se restablezca el orden, para que haya condiciones de un gobierno que pueda ser respetado". Las próximas horas encaminarán el asunto hacia ese desenlace, si antes el propio Ruiz no precipita la acción directa que ya preparaba. Mañana los delegados de sus adversarios deberán responder a Gobernación sobre las propuestas de distensión que Abascal planteó el jueves. Mañana, asimismo, entra en la Ciudad de México la caravana de miles de oaxaqueños contrarios al gobernador que, entre otros objetivos, visitarán al Senado de la República, una de las fuentes de poder legal capaz de poner fin a la violenta y riesgosa coyuntura iniciada el 22 de mayo. El martes sesionará por primera vez la comisión senatorial de Gobernación, integrada una semana atrás y presidida por el priista Jesús Murillo Karam. Es distante pero no está excluida la posibilidad de que, conforme a sus atribuciones, declare que, habiendo desaparecido los poderes en esa entidad, es llegada la hora de nombrar un gobernador provisional. En agosto pasado, con participación directa de Manuel Espino, el líder panista, la propia comisión, de la legislatura pasada, dictaminó contra una declaratoria en tal sentido. Es probable que ese criterio hubiera cambiado aunque Espino siga teniendo influencia poderosa en la fracción de su partido en Xicoténcatl. Si a Ruiz le queda claro que no podrá ser sostenido indefinidamente por el gobierno federal, le convendrá participar en el desenlace de su propio caso. La facultad digamos notarial del Senado, de comprobar que desaparecieron los poderes, conlleva la atribución política de elegir al gobernador provisional a propuesta del presidente de la República, lo que puede ser negociado por Ruiz. En cambio, si prevalecen las disposiciones de la Constitución local en la misma hipótesis de "completa desaparición de poderes", como se lee en la fracción VI del artículo 72, "asumirá el cargo de gobernador provisional cualquiera de los senadores en funciones", lo que podría constituir una cabal derrota para el gobernador saliente, ya que dos de los tres miembros oaxaqueños del Senado son sus adversarios. Lo es en modo particular quien ocupó el lugar número uno en la fórmula que ganó la mayoría en la elección del 2 de julio, Gabino Cué, quien contendió contra Ruiz en la elección de hace dos años, en disputa que perdió a la mala. Ruiz tiene otras posibilidades de controlar su propio daño, configurando la etapa posterior a su salida. Si solicita licencia (al gobierno y no sólo la de manejo) hasta por 30 días (y la renueva sucesivamente) el secretario de Gobierno a quien él mismo designó hace poco, ya en plena crisis, quedaría en su lugar sin necesidad de nombramiento legislativo. Si pide licencia hasta por seis meses, la Cámara de Diputados local nombra un gobernador interino, pero a partir de una terna que él propio saliente propone. Los diputados locales lo servirían encantados porque eso significa su propia permanencia.