La columna de Eduardo Huchim.

Eduardo R. Huchim Oligarcas

En noviembre de 2002, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó en el Senado de la República una iniciativa que, para decirlo sucintamente, excluía al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de conocer y resolver los litigios internos de los partidos que, de ese modo, pasarían de ser entidades de interés público como los define la Constitución, a verdaderos clubes privados que se reservaban el derecho de admisión. Pese a lo escandaloso de su contenido, obviamente causado por las disidencias internas del PVEM, la propuesta pasó casi inadvertida y sólo mereció alguna atención de los medios en abril de 2003, cuando ya estaba dictaminada por dos comisiones senatoriales y lista para subir al pleno. Finalmente, en buena hora, la iniciativa fue enviada a hibernar a la congeladora del Senado. Lo que me importa destacar con este caso es cómo, con el actual arreglo institucional, los partidos pueden acordar aberraciones como la indicada, sin que la sociedad disponga de mecanismos eficaces para impedirlo. Si se tiene en cuenta además que las grandes decisiones partidarias son tomadas no tanto por los militantes cuanto por las élites, es válido concluir que una vasta porción de los asuntos públicos está condicionada a la voluntad de unos cuantos, a una oligarquía que ejerce el monopolio del poder en México. Ese control oligárquico está asociado con otro monopolio, el de las candidaturas. Hasta ahora sólo los partidos pueden postular aspirantes a cargos de elección, de suerte que fuera de ellos no es posible acceder a tales puestos. Por todo ello debe ser bienvenida la inminente sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre las candidaturas independientes, que presumiblemente serán convalidadas. Si esta convalidación se materializara, a propósito de lo que dispone la legislación de Yucatán, los ciudadanos podremos estar de plácemes, aunque las oligarquías partidarias guarden luto. Sin embargo, una sentencia antimonopolista no implica que pudiera haber en automático candidaturas presidenciales independientes, porque para ello se requerirían nuevos episodios de litigio o, mejor aún, una legislación que expresamente lo permita, como ocurre en Yucatán, donde ya existe tal legislación. Sin embargo, tendrá trascendencia el fallo de la Corte porque la máxima intérprete de la Constitución estaría diciendo que los partidos políticos no tienen en exclusiva la postulación de candidatos y que ésta puede darse fuera de ellos, sin que por eso se violente la Carta Magna. El derecho a votar y ser votado prevalecería sobre la pretensión monopolista de los partidos. Desde luego, las candidaturas independientes provocarían complicaciones de diversa índole, cambiarían muchos supuestos electorales y abrirían un camino inexplorado en México. Es deseable que el Congreso de la Unión emprendiera esa exploración y legislara en consecuencia para normar ese tipo de postulaciones y no para frenarlas. Es claro que un vigoroso sistema de partidos es consustancial a la democracia y sería insensato descalificarlos, como es evidente también que el monopolio partidario de las candidaturas atenta contra ella. Desde otro ángulo, conviene precisar que las candidaturas no partidarias deben entenderse como relativamente independientes, porque un solo ciudadano difícilmente podría postularse con seriedad y posibilidades de ganar. Este hipotético ciudadano siempre requerirá de un equipo que obtenga y administre el financiamiento, diseñe su propaganda, organice sus actos de campaña y construya su red de representantes ante los órganos electorales, por citar sólo algunas de las tareas que supone participar en una elección. Un candidato independiente, entonces, no lo es tanto, pues dependerá de su equipo para tener posibilidades de ganar. Y no se me oculta que, por las tareas que deberá realizar, este equipo se parecerá a un partido, aunque no se llame así. Sólo que, al poder este equipo operar al margen de los partidos con registro y oligarquía a cuestas, se estará liberando al electorado de malsanas ataduras que necesariamente conlleva un monopolio. Es preferible tener a Jorge G. Castañeda e incluso a Víctor González Torres en las boletas electorales que estar atenido a sólo las candidaturas que determinen los partidos políticos. Omnia Oaxaca no es sólo Guelaguetza y barricadas. Es también pobreza extrema, infancia frustrada, carencias lacerantes, muerte prematura y, sobre todo, desesperanza que fácilmente hace ver a la parca con visiones de oasis y no de desierto. Oaxaca es todo eso. Y todo eso no se resuelve con macanas y bayonetas, a menos que se quiera correr el riesgo de tener, juntos, otro 2 de octubre y otro 1o. de enero