La columna de Miguel Angel Granados Chapa.

Miguel Ángel Granados Chapa Periodismo acosado

Un reportero es premiado en ausencia, pues desapareció hace año y medio sin que la autoridad pueda responder de su suerte. Y es que, al contrario, hostigan a la prensa: ya un gobernador acusa ante su procurador a un diario y a un periodista se le pide revelar sus fuentes

Al concluir hoy su sexagésima segunda asamblea anual, la Sociedad Interamericana de Prensa otorga un premio a Alfredo Jiménez, un reportero que no está en situación de recibirlo, pues desapareció en Hermosillo el 2 de abril del año pasado, sin que se tenga noticia de su suerte y su paradero, no obstante que el presidente Fox anunció que podría toda la fuerza del Estado para hallarlo. Jiménez, un joven reportero nacido en Sinaloa, para trabajaba en el diario El Imparcial, el más acreditado de Sonora. Su trabajo sobre el narcotráfico parece haber sido la causa de su desaparición, circunstancia que orilló en un primer momento a ese periódico a abstenerse de buscar información sobre el tema, y luego a acoger la Declaración de Hermosillo, una profesión de fe suscrita por editores de los más relevantes medios de la frontera donde, al contrario, lejos de silenciar lo que ocurre en el siniestro mundo de la delincuencia organizada se establecieron mecanismos para realizar trabajos conjuntos sobre la materia. La última persona con la que Jiménez tuvo contacto, según ha podido establecerse, la noche del sábado en que dejó de saberse de él, fue un funcionario de la delegación de la Procuraduría General de la República, que mintió pretendiendo trivializar el llamado telefónico que le hizo Jiménez. Luego, ese funcionario dejó de trabajar en la capital sonorense y no se sabe si la pesquisa sobre la desaparición del periodista lo incluye. Es que, en realidad, no se sabe mucho de la averiguación previa realizada por la Subprocuraduría de investigaciones sobre delincuencia organizada de la PGR. Tal vez se sabe poco porque se ha indagado poco, en seguimiento de la regla de la casa, consistente en practicar lenidad en las investigaciones y en las aprehensiones en que los sujetos son miembros de la PGR. Sin reponerse todavía de ese golpe asestado por algún poder a su redacción, El Imparcial enfrenta desde hace un mes un nuevo asedio, no violento como el secuestro de Jiménez y eventualmente su homicidio, pero de igual modo peligroso. Ofendido según su dicho por unas cuantas líneas en una columna de trascendidos en ese periódico, el gobernador Eduardo Bours (que hostigó antes con tal virulencia al periódico Cambio que su editor prefirió venderlo a la Organización Editorial Mexicana) denunció él 4 de septiembre por difamación al periódico que, según su juicio, con "perversas intenciones" se preguntó por qué el Ejecutivo no informa sobre apoyos financieros ofrecidos a organizaciones no gubernamentales. Se entiende que el gobernador sea celoso de su honra, aunque es difícil medir cómo su honor quedó mancillado por una referencia de esa índole. Se entiende también que la denuncia tenga eficacia, porque la tramitará un dependiente del gobernador, ya que se presentó ante la Procuraduría de justicia estatal. Ni un comentario merece el gracejo del gobernador de aclarar que la denuncia fue presentada por el ciudadano Eduardo Bours no por el titular del Poder Ejecutivo estatal. Presento ahora un caso similar, en cuanto al desequilibrio procesal que resulta de que el denunciante ejerza poder, especialmente en la procuración de justicia y conduzca a ese ámbito al denunciado: la licenciada Cecilia Barra y Gómez Ortigoza presentó ante el Ministerio Público federal, el 31 de mayo pasado, una "normal querella o denuncia de hechos". La "efe" de "formal" fue escuchada como "ene" por quien escribió al dictado ese documento y resultó esa errata, notable por contradicción, ya que no hay allí nada de normal. Es que la denunciante es alta funcionaria de la Procuraduría General de la República, instancia ante la cual se está cursando su moción. Si bien como oficiala mayor no tiene ascendiente sobre el Ministerio Público federal, es de conjeturarse que estará bien atendida por ser de la casa. Da qué pensar, por ejemplo, que las notificaciones derivadas de su "normal querella o denuncia" hayan sido recibidas por los destinatarios con muchas semanas de demora, pues fueron depositados en el correo con tardanza. El citatorio a una de las indiciadas fue colocado en la vía postal el 25 de julio... precisamente la fecha en que debía comparecer. La semana pasada se presentó ante el agente del Ministerio Público que lo requirió en ese caso el periodista Miguel Badillo, director de la revista Contralínea y autor de la columna "Oficio de papel". Aunque estuvo presente, compareció por escrito, y bajo protesta, pues se le involucra en una denuncia por falsificación de documentos y difamación, hechos a los que se manifestó enteramente ajeno. Ratificó haber realizado el análisis y las entrevistas referidas por la denunciante, a ella misma y a la abogada Lilia Cortés García, ex directora jurídica de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda (donde hasta mayo de 2005 la ahora oficiala mayor fue directora general de Programación y Presupuesto A) que han librado varias escaramuzas jurídicas. Badillo se acogió al artículo 243 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, cuya fracción III estipula que el secreto profesional se extiende a "los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservado, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado". Cajón de Sastre Escribe el abogado Alfonso Arnáez Ostos, del bufete Enrique Ostos e hijos: "A raíz del anuncio de la venta de las instalaciones del club deportivo Guadalajara... se han dado varios rumores, entre ellos que dicho inmueble fue adquirido supuestamente por los señores Bribiesca Sahagún. Esta información es totalmente falsa por lo que solicitamos que, con base en el derecho de réplica y con apego a la verdad, sea publicada esta aclaración que desmiente supuestos y despeja 'especulaciones' en las cuales usted basa su escrito del pasado 26 de septiembre". Publicada la réplica digo que llame "conjetura" a esa posibilidad que no mencioné como única. Fundé la verosimilitud de aquella conjetura en la relación del propietario del Guadalajara con la familia presidencial. En asunto por completo diverso, pido disculpas a los lectores y a la señora Flora Garza Barragán, cuyo nombre apareció erróneamente en la columna de ayer. Innumerables veces los editores han enmendado mis errores por lo que una vez a la inversa no cuenta.