La columna de Miguel Angel Granados Chapa.

	Miguel Ángel Granados Chapa Gobernador repudiado
Si se leen los juicios sobre su gobierno contenidos en el dictamen de la Cámara de senadores (que eso, no obstante, lo puso a salvo), y los de Gobernación misma y los de la Cámara, se verá que el problema de Ulises Ruiz no proviene de un grupúsculo, como dice
Por decisión de una amplia mayoría, integrada por los legisladores pertenecientes a seis de sus ocho bancadas, la Cámara de Diputados exhortó ayer formalmente al gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, "a que presente licencia o renuncie a su cargo, con la finalidad de contribuir al restablecimiento de la gobernabilidad, el orden jurídico y la paz en dicha entidad federativa". Aunque fue leída en la tribuna por el coordinador perredista Javier González Garza, que buscó hacerla aprobar desde la semana pasada, la proposición fue suscrita por los líderes de cinco grupos más: Héctor Larios, del PAN; Alejandro Chanona, de Convergencia; Ricardo Cantú, del PT; Miguel Ángel Jiménez, de Nueva Alianza y Marina Arvizu, de Alternativa. Nadie habló en contra, y demandó la aprobación el jefe de la fracción panista. No puede saberse con precisión el número de diputados que votaron a favor, pero fue una notoria mayoría, precedida de la calificada, de dos terceras partes, que acordaron concederle rango de asunto de obvia y urgente resolución. No conozco la reacción del destinatario del exhorto a la hora de escribir estas líneas. Es imaginable que busque paliar la importancia del contundente golpe institucional que de ese modo se le asesta utilizando el sentido del dictamen senatorial que lo puso a salvo el 20 de octubre. En esa infausta fecha la mayoría de los senadores se parapetó tras falaces argumentos jurídicos y aun ante el temor de que Ruiz derrotara a su Cámara si llevara a la Corte la declaratoria de que habiendo desaparecido los poderes en Oaxaca era llegada la hora de designar un gobernador provisional, y arguyendo insuficiencias de la ley atribuyeron existencia a poderes que carecen de ella. Pero ni siquiera el Senado pudo ignorar la realidad. En las conclusiones de su dictamen pro Ulises, la comisión de Gobernación expresó: "Resulta insoslayable que existen condiciones graves de inestabilidad e ingobernabilidad en el estado de Oaxaca, que se ha trastocado seriamente el orden jurídico y la paz social". En el punto quinto de ese mismo documento, titulado de modo neutro "Consideraciones políticas, sociales y económicas en relación al estado de Oaxaca" se incluyen las siguientes afirmaciones contundentes sobre la situación que ya hace 15 días prevalecía en la entidad y que en las dos semanas posteriores se agravó considerablemente, así como acerca del desempeño y la actitud del Ejecutivo: "A nadie escapa que Oaxaca atraviesa por una crisis jurídico-política de proporciones mayores, misma que ha afectado -y continúa afectando gravemente- la vida institucional y el ejercicio pleno de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos. No cabe duda de que la magnitud actual del conflicto se debe, en buena medida, a la falta de conducción política, así como a las acciones y omisiones en que se ha incurrido". "Es público y notorio que la crispación y el encono entre las partes en conflicto se ha incrementado, al grado de que es patente la ingobernabilidad por la que atraviesa la entidad..." "la gobernabilidad en dicho estado ha dejado de ser la regla y, con ello, se ha perdido la vigencia plena del orden jurídico y las instituciones". "La autoridad local desplegó una operación política tardía e ineficiente, que alentó el conflicto, desdibujó la legalidad y sumió a la ciudadanía en la incertidumbre y la desesperación". "A mayor abundamiento, la falta de interlocución entre las partes es signo de debilidad institucional y hace frágil la capacidad de ejercicio". "De tal situación son responsables, por un lado, el gobierno del estado de Oaxaca y, por la otra, los grupos y organizaciones populares inconformes". "Ante todo ello, es claro que la permanencia del titular del poder ejecutivo del estado no otorga las condiciones suficientes que coadyuven a restablecer la normalidad". (Las cursivas las he puesto yo). Por su parte, el sábado 28 la Secretaría de Gobernación insistió en esa idea al fundar, entre otras causas, la intervención federal practicada a partir del domingo en "la incapacidad de los gobiernos estatal y municipal de garantizar la seguridad pública y la paz social, particularmente en la capital del estado". Enhebro estas citas para probar que el juicio adverso sobre el gobernador no proviene sólo de un puñado de agitadores, como ha dicho. Y para mostrar cómo ha sido inmune a los pedidos implícitos o explícitos que se le han formulado para que se retire, por parte de legisladores de Acción Nacional y del PRD, que han ido reacercando sus posiciones luego de que los panistas incurrieron en la contradicción de apuntalar a quien ganó la gubernatura en contienda contra un candidato sostenido por ambos partidos (y Convergencia), que denunció las mil trapacerías de que Ruiz se valió para triunfar. Se dirá entonces que del mismo modo en que ha ignorado exhortaciones previas desechará el gobernador la que le formuló la Cámara de Diputados. Es difícil que pueda soslayarla por varios motivos. Por acumulación es uno. Porque Ruiz ha perdido el apoyo de sus propios compañeros: En el debate senatorial tres priistas sostuvieron que los poderes existen pero no emitieron la mínima muestra de apoyo a Ruiz. Y ayer en San Lázaro no hubo siquiera debate porque nadie se inscribió en contra de la propuesta de González Garza avalada por Larios... Y finalmente por el papel que corresponde a esa Cámara en la asignación del gasto y en la revisión de cuentas, en que se mostrarían otras fragilidades del gobernador. Cajón de Sastre Atenido al lenguaje de los hechos y no al de los dichos: la Policía Federal Preventiva es un rotundo apoyo del Gobierno federal para su permanencia, Ulises Ruiz no tardó en reaccionar ante el exhorto de la Cámara de Diputados. Alertado por la demora en producir ese llamado, pudo preparar su rechazo a la posición de la mayoría en San Lázaro. Pretendió iniciar ayer mismo una controversia constitucional contra la Cámara, a la que acusa de haber excedido sus facultades al formular aquel exhorto. Ruiz finge ignorar la naturaleza política, no jurídica, de la posición adoptada ayer en San Lázaro. Es previsible que la Corte deseche por notoriamente improcedente la petición del gobernador, porque la Cámara no emitió una resolución imperativa, sino sólo formuló un llamado sin sustento ni consecuencias legales, pero dotado del peso político de seis bancadas. Si su amigo Roberto Madrazo resistió el impulso presidencial de despedirlo del gobierno de Tabasco, con mayor razón lo hará Ruiz contando con el apoyo de Los Pinos.